La teoría de la ventana rota describe el impacto negativo que genera la permisividad de los actos que atentan contra el orden, y como estos generan un círculo vicioso que termina por arruinar la convivencia ciudadana, y por ende, el crecimiento de la delincuencia. Los autores del artículo escrito en 1982, narran la historia de la decadencia que puede sufrir una comunidad por falta de convivencia: Cuando la ventana de una casa abandonada es quebrada por un vecino sin consecuencia alguna, más actos vandálicos son cometidos contra esa misma casa debido a que a nadie parece importarle el mal estado de ella, o de las acciones negativas que esto genera en la comunidad. Rápidamente, la falta de interés en cuidar el comportamiento de los vecinos o el estado físico del barrio se hace mas notoria, lo cual lleva a que la presencia de gente menos deseable aumente, haciendo que finalmente la delincuencia se tome las calles de un lugar que alguna vez fue un lugar agradable para vivir[1].
El propósito del artículo buscaba demostrar que la estrategia de patrullaje policial a pie, aunque no lograba disminuir los índices delincuenciales, si lograba generar una mayor percepción de seguridad a los miembros de la comunidad, gracias a la sensación de preservación del orden establecido. En la medida en que la policía lograba mantener el comportamiento indeseable de residentes o visitantes bajo control, la percepción de seguridad de los habitantes de la zona era alta, pues el nivel de orden era alto. Se demostraba así la estrecha relación que existe entre orden y seguridad, y la importancia de mantener el orden para lograr una mayor percepción de seguridad.
Rudy Giuliani incorporó la relación orden-seguridad a su programa de gobierno durante su periodo como alcalde de Nueva York en la década de los 90’s. El énfasis en el mantenimiento del orden se convirtió en un círculo virtuoso a través de su política pública de tolerancia cero, en donde todos los delitos menores y actos que atentaban contra el orden urbano eran tratados con firmeza por la policía, incluso con multas y cárcel. Los jíbaros fueron arrestados, los indigentes fueron llevados a centros de tratamiento, el robo callejero fue perseguido con dedicación, incluso pedir limosna fue tratado con dureza por la ciudadanía y gobierno. En un tiempo relativamente corto, la ciudad pasó de ser una de las más inseguras de los Estados Unidos, a ser un ejemplo a seguir a nivel mundial. El orden había sido restablecido, y con ello, la seguridad ciudadana.
Colombia sufre un desgaste similar en la relación entre orden y seguridad, en parte generado por la mala administración de justicia, en parte porque la policía no ha logrado conectar a los agentes asignados a los cuadrantes con la comunidad que deben patrullar. Mientras que los indicadores de delitos de alto impacto han mejorado en los últimos 16 años (lo cual sirve a los políticos para demostrar que las estrategias de seguridad diseñadas están funcionando), la percepción de seguridad ciudadana viene en franco deterioro[2]. La razón principal de esta dicotomía parecería ser la baja credibilidad y confianza que generan las instituciones relacionadas con el mantenimiento del orden público (policía, fiscalía y justicia)[3]. Si los ciudadanos no sienten que tienen a quien acudir en caso de un problema de seguridad, o si sienten que la justicia no actúa de forma rápida y acertada, la percepción de inseguridad aumenta. Este fenómeno es el mismo que describen Kelling y Wilson en su artículo sobre la ventana rota, en donde en el imaginario ciudadano, la relación entre orden y seguridad es directa, y que en la medida en que el mantenimiento del orden fracase, la percepción de inseguridad será creciente.
La policía Colombiana no ha hecho caso omiso a las enseñanzas del comisionado Bill Bratton y el alcalde Giuliani. Por el contrario, en los últimos años ha comenzado a utilizar una gran cantidad de modernas herramientas para poder desplegar mejor su fuerza, medir el impacto del delito y tratar de entender los fenómenos delictivos de forma precisa para poder combatirlos. Los equipos de telemática, DIJIN y DIPOL trabajan diariamente para poder entender los mares de datos que logran recolectar a través de sus miles de sensores, denuncias en línea y sistemas de georreferenciación, para generar estrategias claras por cuadrantes que buscan mejorar la seguridad ciudadana.[4] La información que han logrado capturar y analizar habla bien de su gestión y profesionalismo, y demuestra que están orientados en la dirección correcta. Sin embargo, aún falta mucho por hacer para lograr conectar la labor de la policía con las comunidades que tratan de proteger.
La decisión reciente del presidente Iván Duque de liberar de tareas administrativas o no relacionadas con la seguridad ciudadana a 30.000 efectivos de la policía es un paso positivo hacia el entendimiento de que este cuerpo genera un gran valor a la comunidad, que su conocimiento y entrenamiento es costoso y valioso para los colombianos, y que esas capacidades se deben usar para proteger a la mayoría y no a unos pocos. Esta decisión no solo genera un sentido de mayor seguridad al país, sino que demuestra su enfoque en la equidad.
Desafortunadamente, el eslabón más débil en la cadena de la seguridad ciudadana ha sido un sistema judicial que mira con desconfianza la labor de las instituciones diseñadas para preservar el orden. Los jueces colombianos son dogmáticos en la importancia que le dan a la desgastada filosofía del individualismo liberal, en donde considera que los derechos y sufrimiento de un delincuente están por encima del dolor e impacto que este genera sobre la sociedad. Para nuestros jueces, la motivación del individuo, sus condiciones psicosociales, su estado emocional y su posición económica son atenuantes absolutos para permitir que un delincuente no deba pagar a la sociedad por el daño e impacto que ha causado a otros,
En la medida en que el vandalismo siga siendo permitido por los jueces, que los delincuentes que salen a dañar los bienes públicos no puedan ser judicializados y que se permita a las personas que marchan afectando a las mayorías sin ninguna consecuencia, estaremos sentenciados a vivir en un país en donde la gente crea que la única salida a sus problemas es por medio de la violencia, pues la justicia y la política aceptan estos comportamientos como forma de expresión válida.
Si nuestro sistema judicial sigue este mismo cauce, bajo la doctrina del individualismo, el orden jamás podrá ser reestablecido, las instituciones no recuperarán la credibilidad que necesitan para actuar con autoridad y los problemas de seguridad y desconfianza que hoy sufrimos como sociedad no cambiarán. La relación entre orden y seguridad no podrá restablecerse y probablemente terminemos con niveles de delincuencia peores a los que teníamos antes del acuerdo de paz. El círculo virtuoso de la relación entre los pilares orden-seguridad empieza en algún lado: la policía y el gobierno están haciendo su parte, falta ver si el poder judicial es capaz de hacer el suyo para convertirnos en el país que podemos ser.
La piedra está en la mano de los jueces.
[1] George L. Kelling & James Q. Wilson, March 1982, Broken Windows - The police and neighborhood safety, The Atlantic Monthly. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
[2] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/seguridad-y-defensa/encuesta-de-convivencia-y-seguridad-ciudadana-ecsc
[3] 8 de noviembre de 2019, Según encuesta del Dane, el 84 % de los bogotanos se sienten inseguros, El Tiempo. https://www.eltiempo.com/bogota/percepcion-de-inseguridad-en-bogota-es-del-84-por-ciento-431564
[4] Jair David Rodríguez-Ortega, Catalina Gómez Toro, Yeizon Andrés Duarte Velásquez, Jahiler Alfredo Cadavid Carmona, Septiembre-diciembre 2019, Seguridad ciudadana, violencia y criminalidad: una visión holística y criminológica de las cifras estadísticas del 2018, Revista Criminalidad, Volumen 61 • Número 3 • Pgs 9 a 33 - https://www.policia.gov.co/sites/default/files/revista-criminalidad_61-3_sp.pdf