En esta oportunidad, planteamos los retos que enfrentará el presidente de Colombia, Iván Duque, frente al sector de la seguridad privada.
En la medida en que logre afrontarlos exitosamente, se verá un sector fortalecido y su visión de país se reflejará a través de una mayor seguridad ciudadana.
Reglamentación Ley del Vigilante (Ley 1920 de 2018)
La ley del vigilante requiere una reglamentación que afectará tanto a usuarios, prestadoras de servicio y empleados. Los temas más importantes que reglamentar en los próximos 150 días son:
Seguros. El gobierno, a través de la Supervigilancia, deberá determinar cuales son las condiciones mínimas que deberá incluir el seguro de vida colectivo para cubrir al personal operativo de las empresas de seguridad.
Tarifa Mínima de Ley. La ley puso un plazo también a la supervigilancia para tener en consideración todos los nuevos costos que afronta el sector para determinar las nuevas tarifas mínimas de vigilancia. Ese cálculo debe tener en consideración los siguientes factores:
Exceso Regulatorio: En los últimos 8 años, el país ha tenido un exceso de reglas innecesarias que no benefician ni a empleados o empleadores, pero que si generan unos altos costos para las organizaciones.
Nuevos Impuestos: En los últimos 3 años, el país ha debido soportar 2 reformas tributarias en donde se ha atacado de frente al sector de la vigilancia de forma soterrada y a última hora, metiendo artículos que torpedean la industria e incrementan los costos a la prestación del servicio.
Cambio en Horarios Nocturnos: Los cambios en el horario en que comienza a contabilizarse el horario nocturno (paso de 10 de la noche a 9 de la noche), los costos de personal para los puestos nocturnos crecieron de tal forma que la sostenibilidad de la mayoría de empresas de vigilancia se vio impactada muy negativamente.
Los nuevos precios deberán tener en consideración todos estos nuevos costos asociados a prestar el servicio de vigilancia de manera que se cumplan todas las nuevas exigencias de ley.
Modernización y Desregularización del Decreto Ley 356 de 1994
El próximo año la ley que regula la seguridad privada cumple 25 años y el país requiere un cambio en su anticuada y estricta legislación para dinamizar el sector, desregularizar algunos temas que son de libre mercado y enfocarse en reglamentar el cumplimiento del servicio hacia la ciudadanía, y no a generar interpretaciones jurídicas que no ayudan a mejorar la seguridad, la calidad de vida de los empleados o a generar mayor confianza entre empresas de vigilancia y usuarios. Entre los cambios más importantes que consideramos se deben incluir en la reforma están:
- El uso de sociedades anónimas, o anónimas simplificadas debe ser una opción para generar mayor inversión y estabilidad jurídica para los accionistas.
- Permitir socios y accionistas que sean personas jurídicas.
- Crear un registro único de accionistas de empresas de vigilancia de público conocimiento para cumplir el punto 3.4.10 del Acuerdo de Paz.
- Permitir la ampliación del objeto social de las empresas de vigilancia para que puedan prestar múltiples servicios asociados a la seguridad.
- Quitar la competencia del marco regulatorio y fiscal a la supervigilancia sobre las empresas que venden equipos para la seguridad privada. Este tipo de ejercicio debería poder ser prestado por cualquier tipo de sociedad comercial.
- Eliminar las reglas innecesarias que generan una sobre regulación en la conducción de cualquier negocio, como lo son el diseño de los uniformes, la matricula de los vehículos, los permisos para las agencias y sucursales, y otras normas.
- Eliminar la supervisión e inspección cruzada con otras entidades. Los temas laborales los debe definir e inspeccionar el ministerio de trabajo y sus diferentes dependencias. Los temas de equipos los debe controlar la SIC.
- Ajustar el marco sancionatorio para que tenga tiempos mas cortos y sea mas preciso frente a las normas y sanciones aplicadas.
Modernización de la Supervigilancia
No es un secreto que la supervigilancia es una de las entidades más rezagadas en tecnología y capacidad operativa. A pesar de tener un presupuesto de mas de $25.000 Millones anuales y una planta directa de 100 empleados y mas de 400 contratistas, es sorprendente el nivel de inoperancia que la caracteriza. Tarda mas de 18 meses en definir una renovación de licencia, los procesos sancionatorios se vencen por términos y la competencia desleal en el sector esta rapante por la falta de vigilancia y control.
Las operaciones internas que hacen al interior de la supervigilancia podrían ser automatizadas para poder generar transparencia en su actuar.
Unificación y Creación de Pliegos de Licitación Tipo para la Vigilancia
La transparencia que ofrece Iván Duque a Colombia podría lograrse rápidamente en el sector vigilancia al crear las licitaciones tipo. Uno de los grandes dolores de cabeza en los concursos públicos es las reglas adaptadas a condiciones de seguridad ficticias para generar una competencia en precio que en realidad no existe.
La selección de la empresa ganadora se debería basar en el cumplimiento de los requisitos mínimos base de una seguridad ajustada a las instalaciones a vigilar, los cuales son verificables en el RUP de cualquier empresa. Cualquier otra necesidad que amerite una competencia en precio, deberá hacerse mediante un concurso paralelo para no enturbiar los procesos de selección que intentan ser transparentes.
De igual forma, deben propender por partir las grandes licitaciones de vigilancia con el estado para que puedan ganar múltiples empresas.
Democratizar la Contratación de la UNP
La UNP actualmente cuenta con mas de 6000 escoltas. Una buena parte de estos son del sector privado, los cuales son escogidos mediante licitación. En la actualidad hay 3 contratistas haciendo estas labores, y las posibilidades de que alguna otra empresa pueda entrar son minúsculas.
Para poder hacer un proceso más flexible, democrático y basado en méritos (abrir la puerta), lo mejor que podría hacer la UNP es convertirse en la propietaria del armamento y entregarlo a las empresas de seguridad seleccionadas en calidad de comodato a un precio justo de mercado por mes de uso. Con esto, todas las empresas que tengan modalidad de escoltas podrían participar en los procesos de selección de la UNP y a la vez, la UNP tendría la posibilidad de escoger mas prestadores de servicio y mejorar la calidad en la medida en que puede ampliar o reducir los servicios que utiliza de un operador.
Si se da la oportunidad a las PyMEs para participar en igualdad de condiciones, el gobierno cumpliría su promesa de ampliar y fortalecer el emprendimiento, fortaleciendo a la pequeña y mediana empresas.
