Desde sus inicios, la salud ocupacional en Colombia ha permitido comprender la transformación legal del tema y evolución de las instituciones creadas para la seguridad de la salud de los trabajadores en cualquier empresa.
A pesar de que el tema legal se encuentra a la vanguardia en el país, no se está aplicando de manera correcta, lo que indica un déficit en capacitación y aplicación del sistema; todo esto a causa del desconocimiento de la ley y la falta de seguimiento a los trabajadores, dejando un vacío en la cultura de prevención en riesgos profesionales de las empresas.
¿Existe un verdadero control en seguridad y salud ocupacional para las empresas?
Para explicar más en detalle la importancia de la aplicación de un correcto sistema de seguridad y salud al trabajador le compartimos parte del documento publicado por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2014:
“Los temas relacionados con la salud ocupacional en Colombia han tomado especial relevancia en los sectores industriales, sociales, culturales, económicos y legales, especialmente en los últimos 30 años. La idea es crear conciencia sobre la obligación de los estados en la protección de los trabajadores como garantía de progreso de la sociedad y sobre el rol desempeñado por los trabajadores en el logro de los objetivos y metas de las empresas. Así, el estado colombiano ha venido actualizando su legislación siguiendo modelos europeos, particularmente el alemán y el británico, y especialmente a partir de conceptos modernos de concepción del riesgo ocupacional y los elementos fundamentales de prevención y control. La Ley 9 de 1979 fue la primera aproximación real del gobierno a la protección de la salud del trabajador, en especial su artículo 81 que señala que “la salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socio económico del país; su preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario en la que participarán el gobierno y los particulares”.
Desde este nuevo concepto, las empresas y sus trabajadores han participado en una serie de cambios positivos, tanto teóricos como legales que se han visto reflejados en el cumplimiento del objetivo en la búsqueda de una mejor calidad de vida en la población trabajadora del país, aplicando la seguridad y salud ocupacional en sus organizaciones.
Transición
Hace algunos años, el sistema de riesgos profesionales, estaba basado en la reparación de daños y no en su prevención, es decir no se ejercían capacitaciones y concientización de riesgos, por el contrario se enfocaba en el diagnóstico, tratamiento, pensiones por incapacidad e indemnizaciones, y el servicio era prestado por el Seguro Social.
Finalmente, esto cambió a partir de la Ley 100 de 1993 y del Decreto Ley 1295 de 1994, cuando se creó el Sistema General de Riesgos Profesionales: “El cual estableció un modelo de aseguramiento privado de los riesgos ocupacionales y cuyo principal objetivo fue la creación y promoción de una cultura de prevención en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.
Bajo el nuevo sistema, nacen las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), las cuales se encargan de realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos profesionales, al igual que la prestación de servicios de salud y pago de prestaciones económicas a sus afiliados. La atención médica es usualmente subcontratada a instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que, junto con las entidades promotoras de salud (EPS) son, en algunos casos, unidades de negocio de una misma entidad.
Es de vital importancia que las empresas entiendan la trascendencia que tiene el capacitar a sus líderes y/o empleados acerca de riesgos y seguridad en el trabajo, ya que finalmente, por medio de la seguridad y salud ocupacional se trata de mejorar el estilo y ambiente de vida en las labores diarias de una empresa.
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